Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, enfrenta un proceso penal por presunta participación en delitos de huachicol, tráfico de armas y narcóticos, un caso que expone las tensiones entre la imagen de glamour mediático y la realidad delictiva. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al empresario desde noviembre de 2025, tras una serie de denuncias sobre operaciones ilegales que habrían involucrado transporte de combustible desde Guatemala y la distribución en territorio mexicano.
Según la carpeta de investigación 495/2025, Rocha Cantú habría liderado una estructura criminal que movilizaba hidrocarburos de manera ilícita y, al mismo tiempo, facilitaba el tráfico de armamento. La gravedad de los señalamientos contrasta con la proyección pública que el empresario mantiene gracias a su posición en la industria del entretenimiento y los certámenes de belleza.
El 15 de noviembre se libró una orden de aprehensión en su contra, aunque pocos días después Rocha decidió acogerse al programa de testigos protegidos de la FGR, presuntamente para colaborar con información sobre la red criminal. Esto ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial y el peso que personas con poder económico y mediático pueden tener al momento de enfrentar acusaciones graves.
El escándalo ha salpicado al certamen, cuya edición 2025 ya enfrentaba críticas por polémicas en la organización. Analistas señalan que casos como este evidencian la necesidad de separar entretenimiento y espectáculo de la influencia de estructuras criminales, y de garantizar que figuras públicas sean responsables de sus actos. Mientras la investigación continúa, la confianza pública en la marca Miss Universo en México se ve seriamente afectada, y la sociedad observa cómo el lujo y el poder mediático pueden ocultar —o proteger— la criminalidad.
