El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, intenta acelerar la emisión de resoluciones judiciales pendientes con el objetivo de modificar nuevamente su medida cautelar y obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, tras su reingreso al penal federal del Altiplano, en el Estado de México.
No es la primera vez que Marín es recluido en este centro penitenciario de alta seguridad. El exmandatario enfrenta un proceso penal por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, quien en 2005 documentó y denunció una red de trata y pornografía infantil que involucraba a empresarios y personajes con poder político. El caso se convirtió en un referente nacional sobre violaciones graves a los derechos humanos y ataques contra la libertad de expresión.
Antes de su actual estancia en el Altiplano, Mario Marín permaneció recluido en el Centro Penitenciario Benito Juárez, en Cancún, desde 2021 hasta el 27 de enero de 2023, cuando fue trasladado junto con otros 197 internos al Estado de México. En ese momento, el Poder Judicial de Quintana Roo advirtió que al interior del penal de Cancún existían luchas de poder, en las que el exgobernador estaría involucrado.
En agosto de 2024, una jueza federal de Cancún modificó las medidas cautelares y le concedió la prisión domiciliaria. La decisión generó fuerte polémica y fue calificada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como un “sabadazo”, al considerar que debilitaba el proceso judicial.
Sin embargo, en abril de 2025, a petición expresa de Lydia Cacho, el Tribunal Colegiado de Apelación de Quintana Roo revocó la prisión domiciliaria al considerar que existía riesgo de fuga, ordenando su reingreso a un penal federal.
Actualmente, la defensa de Marín busca que los tribunales resuelvan con mayor rapidez los recursos legales en curso, lo que podría abrir la puerta a una nueva revisión de sus medidas cautelares. El intento ha reactivado la discusión pública sobre el uso de beneficios judiciales en casos de alto impacto y la necesidad de garantizar justicia efectiva en delitos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
