La intoxicación de siete menores de edad en el municipio de Huauchinango encendió las alertas sanitarias y abrió un debate público sobre la supervisión de alimentos en la vía pública. Los hechos ocurrieron después de que los niños consumieran tamales durante una reunión familiar el pasado 14 de febrero.
Posteriormente comenzaron a presentar síntomas como vómito, somnolencia y desorientación, por lo que fueron trasladados al hospital regional para recibir atención médica.
El caso cobró mayor relevancia cuando una niña de 10 años dio positivo a fentanilo en estudios toxicológicos. Aunque la menor evolucionó favorablemente y fue dada de alta, el hallazgo generó inquietud entre familiares y habitantes del municipio, debido a la peligrosidad del opioide sintético incluso en dosis mínimas.
En medio de la controversia, el presidente municipal, Rogelio López Angulo, sostuvo que no existen elementos para afirmar que la intoxicación haya sido causada por los tamales consumidos en la reunión. En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el edil argumentó que otras personas comieron los mismos alimentos sin presentar afectaciones. “Nosotros creemos, pero a reserva del resultado de los análisis, que no están contaminados los tamales, porque de los mismos comió mucha gente y nadie más presentó signos de intoxicación”, declaró.
Si bien el alcalde apeló a la prudencia hasta contar con resultados concluyentes, sus declaraciones han sido interpretadas por algunos sectores como un intento de minimizar el hecho, especialmente cuando aún no concluyen los peritajes. La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar el origen de la sustancia y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, persisten dudas sobre los controles sanitarios y la reacción institucional ante un caso que, por su gravedad potencial, exige máxima transparencia y rigor técnico.
