El incremento de quejas contra el Ejército mexicano por presuntas violaciones a derechos humanos entre 2024 y 2025 vuelve a colocar bajo escrutinio el papel de las fuerzas armadas en tareas que van más allá de su función original. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las denuncias aumentaron 36 por ciento en ese periodo, alcanzando uno de los niveles más altos en años recientes.
El dato adquiere mayor relevancia al observar el contexto político. Durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de la Defensa Nacional acumuló 428 quejas contra personal militar en 2025, la cifra más alta si se compara con los inicios del sexenio anterior. En contraste, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron 421 quejas, en el marco de su estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”.
Si bien la diferencia numérica puede parecer marginal, el crecimiento sostenido de las quejas evidencia que el problema no solo persiste, sino que se mantiene bajo un modelo que ha ampliado la presencia del Ejército Mexicano en la vida pública. Este aumento no puede analizarse sin considerar la continuidad de una política de seguridad que recarga en las fuerzas armadas responsabilidades que originalmente correspondían a instituciones civiles.
Aunque el incremento de denuncias no implica automáticamente que todas se traduzcan en violaciones comprobadas, sí refleja un mayor nivel de inconformidad social. También revela una constante: los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas no han evolucionado al mismo ritmo que las atribuciones militares.
A ello se suma la opacidad en el seguimiento de las quejas. En muchos casos no se conocen resoluciones claras ni sanciones, lo que alimenta la percepción de impunidad. Sin transparencia ni consecuencias visibles, las cifras corren el riesgo de convertirse en un indicador sin impacto real en la mejora institucional.
En este contexto, el aumento de quejas no solo cuestiona la actuación del Ejército, sino también la estrategia de seguridad en su conjunto. La discusión ya no es si las fuerzas armadas deben participar, sino bajo qué controles y con qué límites para garantizar los derechos de la ciudadanía.
