Matan a funcionario de agua en Irapuato; agresores huyeron en motocicleta

- Código rojo - 26 marzo, 2026

El asesinato del director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI), Roberto Castañeda Tejeda, ocurrido este 26 de marzo, vuelve a evidenciar el nivel de violencia que persiste en Guanajuato y la vulnerabilidad en la que operan incluso funcionarios públicos.

De acuerdo con lo informado por el medio Artículo 7, el funcionario fue atacado a balazos mientras se dirigía a su centro de trabajo, en Irapuato. Sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron su vehículo y abrieron fuego antes de huir, en un ataque que refleja un patrón recurrente de agresiones directas con alto grado de impunidad.

Tras el crimen, el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vásquez Alatriste, informó que se abrió una carpeta de investigación y lamentó el fallecimiento del funcionario. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo en la zona, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, para tratar de ubicar a los responsables.

Sin embargo, más allá de la reacción institucional, el caso vuelve a exhibir la fragilidad de las condiciones de seguridad en la entidad. La ejecución de un servidor público en funciones, en traslado cotidiano y sin mecanismos visibles de protección, evidencia la falta de prevención frente a riesgos conocidos.

El despliegue posterior de operativos y la apertura de investigaciones son acciones protocolarias que, si bien necesarias, han demostrado ser insuficientes ante la recurrencia de este tipo de hechos. La ausencia de resultados tangibles en casos similares refuerza la percepción de impunidad.

Además, el contexto en el que se desarrollaba la labor del funcionario abre interrogantes sobre posibles móviles, especialmente en sectores estratégicos como el manejo de servicios públicos. No obstante, hasta ahora no se han dado a conocer líneas claras de investigación.

Este asesinato se suma a una cadena de hechos violentos en Guanajuato, donde la normalización de ataques armados, incluso contra autoridades, refleja una crisis de seguridad que continúa sin respuestas contundentes.

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