El asesinato de una adolescente en Sonoyta, Sonora, no solo ha causado indignación por la brutalidad del crimen, sino también por lo que muchos consideran una respuesta insuficiente por parte del sistema de justicia.
Leyla Monserrat, de 15 años, fue víctima de sus propias compañeras de secundaria: Britany Michel, también de 15 años, y Monserrat, de 13. De acuerdo con los reportes, las agresoras la citaron bajo engaños, la privaron de la libertad, la amarraron a una silla y la asfixiaron hasta causarle la muerte. El crimen, además de violento, fue documentado por las propias responsables, quienes grabaron el asesinato.
El video no solo evidenció la crudeza de los hechos, sino que terminó por convertirse en prueba clave en el proceso judicial. El material se difundió y llegó hasta la madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, quien enfrentó el horror de conocer los últimos momentos de su hija a través de esas imágenes.
Pese a la gravedad del caso, la resolución judicial ha encendido la polémica. Las responsables, al ser menores de edad, recibieron una sanción que no alcanza los tres años de internamiento, además de una reparación del daño que supera apenas los 5 mil pesos.
La disparidad entre la violencia del crimen y la levedad de la sanción ha abierto un debate urgente: ¿está preparado el sistema de justicia para adolescentes para responder a delitos de esta magnitud? Para muchos, la respuesta es no.
En redes sociales, la indignación no cesa. Usuarios cuestionan cómo un asesinato premeditado, documentado y ejecutado con tal nivel de crueldad puede derivar en consecuencias tan limitadas.
El caso no solo exige justicia para Leyla, sino también una revisión profunda de un sistema que hoy parece rebasado por la realidad.
