El asesinato de cuatro activistas indígenas en Guerrero no solo es un hecho violento, sino una evidencia contundente del abandono institucional que enfrentan comunidades enteras en regiones controladas por el crimen organizado. La masacre ocurrió la madrugada de ayer en Xicotlán, comunidad nahua del municipio de Chilapa de Álvarez, en la Montaña Baja, donde hombres armados irrumpieron y ejecutaron a las víctimas.
De acuerdo con testimonios del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), los agresores se desplazaban en una camioneta blindada y portaban armas de alto calibre. Ingresaron a la comunidad desde la carretera que conecta con Atzacoaloya, pese a la existencia de un retén militar en la zona, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad —o incluso la omisión— de los dispositivos de seguridad.
Tras el ataque, los responsables huyeron rumbo a El Jagüey, área donde, según denuncias comunitarias, opera el grupo criminal conocido como “Los Ardillos”. Para los habitantes, no se trata de un hecho aislado, sino de una agresión sistemática contra quienes participan en la organización y defensa de sus territorios.
Uno de los asesinados, Isaías Villalva Rosario, había solicitado durante dos años medidas de protección debido a amenazas constantes por su labor como integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y promotor del Cipog-EZ. Nunca obtuvo respuesta efectiva. Hoy está muerto.
Este caso revela una cadena de fallas: advertencias ignoradas, presencia militar incapaz de prevenir ataques y una estructura criminal que opera con aparente libertad. La violencia en Guerrero no solo mata, también exhibe la fragilidad del Estado frente a grupos armados y la indefensión de las comunidades indígenas.
Más allá de los discursos oficiales, la realidad es clara: en territorios como Xicotlán, defender la vida comunitaria puede significar perderla.
