La detención de Estela N., empresaria avícola de 85 años, generó un fuerte impacto en Tehuacán y reavivó el debate sobre los límites entre la justicia, el debido proceso y los conflictos familiares que escalan hasta convertirse en escándalos públicos. El caso no pasó desapercibido, no sólo por tratarse de una figura conocida en el sector empresarial, sino por la forma en que se desarrolló el operativo.
Minutos después del mediodía, Estela N., quien enfrenta problemas respiratorios derivados de su avanzada edad, fue detenida durante un operativo realizado en un inmueble ubicado en la esquina de la 4 Oriente y 7 Norte, en el centro de Tehuacán. En ese sitio se localizan tanto las oficinas de la empresa avícola Socorro Romero Sánchez como la vivienda de la empresaria.
Para ejecutar la orden de cateo y aprehensión, varios elementos del Ejército Mexicano y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se concentraron en calles aledañas, lo que provocó expectación entre vecinos, comerciantes y trabajadores de la zona. La presencia de unidades oficiales y personal armado se mantuvo durante varias horas, generando incertidumbre sobre el alcance de la intervención.
De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, los agentes ingresaron por la fuerza al inmueble e incluso forzaron chapas para llevar a cabo la diligencia. Durante el operativo, empleados fueron concentrados en distintas áreas del edificio mientras las autoridades revisaban oficinas, documentos y espacios clave relacionados con la investigación.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente los cargos específicos que enfrenta la empresaria, lo que ha provocado críticas por la falta de claridad en un caso que involucra a una mujer de edad avanzada y con complicaciones de salud.
En el mismo contexto también fue detenido un notario presuntamente relacionado con trámites patrimoniales de la familia. El caso ocurre en medio de una disputa por el control de bienes y empresas que desde hace meses dejó de ser un asunto privado para convertirse en un conflicto con repercusiones legales, económicas y sociales en Tehuacán.
