La venta informal de combustible en viviendas de Zapotitlán Salinas ha crecido tras la clausura de la única gasolinera del municipio, evidenciando un vacío en la regulación y en la garantía de servicios básicos para la población.
El establecimiento fue cerrado desde el pasado 9 de abril por presuntas irregularidades en sus permisos ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), lo que dejó a los habitantes sin una opción formal para abastecerse. Desde entonces, vecinos han comenzado a revender gasolina en galones desde sus domicilios.
De acuerdo con testimonios, algunas personas trasladan el combustible desde Tehuacán, donde lo adquieren en estaciones de servicio, para posteriormente comercializarlo en la comunidad. Esta práctica, aunque responde a una necesidad inmediata, se realiza fuera de cualquier regulación y con riesgos evidentes.
La situación se agrava al considerar antecedentes recientes. Habitantes señalaron que en años anteriores operaba en la zona la llamada “gasolinera Petro”, la cual fue clausurada en 2025 por presuntamente comercializar combustible de procedencia dudosa. Con ello, el municipio ha enfrentado de manera recurrente problemas en el suministro legal de gasolina.
Además del incremento en precios por litro, derivado del traslado y la reventa, la manipulación de combustible en viviendas particulares representa un riesgo latente para la seguridad de las familias y de la comunidad en general.
Este escenario pone en entredicho la capacidad de las autoridades para garantizar el acceso a servicios esenciales, así como la supervisión efectiva de establecimientos que operan con materiales peligrosos. Mientras no exista una solución estructural, la población continuará dependiendo de alternativas informales, en un contexto donde la necesidad supera a la regulación.
