- Expuso el riesgo del incremento de “carteles inmobiliarios de autoridades municipales”.
La activista Roxana Luna alertó en rueda de prensa sobre la aparición de un nuevo cártel inmobiliario que comienza a incorporar como cómplices a autoridades municipales. Señaló que esta situación representa un riesgo creciente para ciudadanos que no tienen la capacidad de enfrentar a las propias instituciones.
En ese sentido, llamó al Gobierno del Estado y al Congreso local a exhortar a los alcaldes a no participar en estas prácticas que afectan directamente a la población. Subrayó que estos actos se han realizado en diversos casos bajo el amparo del poder, mediante el uso indebido de datos personales, bases catastrales y otros mecanismos que aprovechan vacíos legales o artimañas jurídicas.
Indicó que lo preocupante es que ahora los propios gobiernos municipales estarían involucrados en estos despojos. Mencionó como ejemplo casos en la colonia Gobernadores, en Puebla, así como en municipios como Coronango y Tlaltenango, donde estas redes han sido denominadas “cárteles inmobiliarios de autoridades municipales”.
De acuerdo con datos oficiales, de enero a junio de 2025 la Fiscalía registró 784 carpetas de investigación por el delito de despojo. Para 2026, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en denuncias por este ilícito. El incremento del 27 por ciento en las investigaciones evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno estructural vinculado al crecimiento urbano desordenado, la especulación inmobiliaria y la debilidad institucional.
Luna advirtió sobre la posible existencia de redes de corrupción institucional en las que participan actores con acceso a información y recursos públicos, como regidores, notarios, jueces y presidentes municipales. Señaló que el despojo no solo constituye un delito patrimonial, sino una forma de captura del territorio desde el poder público.
Asimismo, destacó la lentitud de la justicia, ya que quienes cometen estos delitos aprovechan procesos largos y costosos para explotar los inmuebles, mientras las víctimas enfrentan dificultades para recuperar sus propiedades.
Ante este panorama, exhortó a las personas en situación de incertidumbre a regularizar sus predios lo antes posible, así como a acreditar y documentar adecuadamente la posesión de sus bienes para prevenir actos ilegales.
También hizo un llamado al Gobierno del Estado a ampliar los programas de regularización de predios urbanos, rurales y suburbanos, garantizando transparencia y priorizando a las familias de bajos recursos.
Finalmente, respaldó la iniciativa presentada el 15 de mayo, que propone reformas al Código Penal estatal para establecer sanciones claras cuando exista participación de servidores públicos en estos delitos, así como considerar la reincidencia como agravante. Señaló que es indispensable cerrar los espacios de impunidad, ya que en muchos casos el despojo se comete mediante documentos falsos, actos simulados o vacíos legales que aparentan legalidad.
