Morir lejos de casa ya es una tragedia; permanecer en el limbo burocrático, una segunda. A más de dos semanas del hallazgo, el cuerpo de un migrante hondureño continúa sin ser repatriado desde Tehuacán, pese a que ya fue identificado por sus familiares, evidenciando la lentitud e indiferencia institucional.
El pasado 6 de abril, el cuerpo de un hombre fue localizado sin vida sobre la carretera federal 150 México–Veracruz, a la altura de San Pedro Chapulco. Fueron transeúntes quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del cadáver. Posteriormente, se realizó el levantamiento y traslado al anfiteatro de Tehuacán, donde se confirmó su identidad: Carlos Giovanni Merino Cardoso, originario de Honduras.
Desde entonces, su cuerpo permanece en el Servicio Médico Forense, atrapado en un proceso de repatriación que avanza con desesperante lentitud. Aunque la familia ya lo reconoció, los trámites consulares, los costos elevados y la falta de acompañamiento institucional han convertido el regreso a casa en una meta lejana.
La pregunta es inevitable: ¿quién se hace responsable? Porque mientras las dependencias diluyen responsabilidades entre niveles de gobierno, el tiempo pasa y el duelo se prolonga. La dignidad humana queda relegada a un segundo plano frente a la burocracia.
Este caso no es aislado. Refleja una constante en la que la migración solo es visible en el discurso, pero invisible en la acción cuando deja de ser prioridad política. La repatriación de cuerpos sigue dependiendo más de recursos económicos que de voluntad institucional.
En pleno 2026, resulta alarmante que no existan mecanismos ágiles y humanos para estos casos. Porque al final, ese cuerpo que espera en Tehuacán no solo representa una vida truncada, sino también un sistema que falla incluso después de la muerte.
