Hasta 2 mil 410 litros diarios de aguas residuales son descargados en el suelo del municipio poblano de Venustiano Carranza por la empresa estadounidense Weatherford de México S. de R.L. de C.V., de acuerdo con una concesión vigente otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en un caso que ha reavivado críticas por la débil vigilancia ambiental a nivel local.
La autorización, emitida en julio de 2017 bajo la concesión 10PUE159228/27EQDL17, permite a la compañía verter hasta 2.41 metros cúbicos diarios de líquidos residuales provenientes de sus instalaciones. Estos residuos, definidos como aguas cuya calidad ha sido alterada por el uso humano, implican un manejo técnico que debería estar sujeto a supervisión constante debido a su posible impacto en suelo y ecosistemas locales.
Weatherford de México, uno de los principales proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex) en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, mantiene presencia operativa en esta región estratégica del estado de Puebla, donde la industria energética ha crecido en los últimos años.
Sin embargo, el caso ha puesto bajo la lupa al ayuntamiento de Venustiano Carranza y a su presidente municipal, señalados por habitantes y observadores locales por una aparente falta de vigilancia, seguimiento y postura pública frente a una actividad que, aunque autorizada a nivel federal, tiene efectos directos en el territorio municipal. La crítica central apunta a una gestión local que parece limitarse a la observación pasiva, sin exigir transparencia ni medidas de mitigación.
El problema no radica únicamente en la existencia del permiso, sino en la ausencia de contrapesos locales que supervisen su cumplimiento y sus consecuencias ambientales. En ese vacío institucional, la responsabilidad se diluye entre niveles de gobierno, mientras la carga ambiental permanece en el territorio.
Organizaciones y voces comunitarias advierten que la normalización de estas descargas, sin monitoreo visible ni rendición de cuentas municipal, podría traducirse en daños acumulativos al subsuelo y al entorno agrícola de la región.
Hasta ahora no se han registrado sanciones recientes, lo que mantiene abierto el debate sobre la eficacia de la regulación ambiental y el papel real de las autoridades locales en su aplicación.
