- Sheinbaum confirmó que acusados pueden permanecer dentro del país sin vigilancia.
La confirmación de una ficha roja de Interpol contra Rubén Rocha Moya volvió a romper la narrativa habitual de la política mexicana: esa donde los escándalos rara vez cruzan fronteras judiciales. Ahora, el gobernador con licencia de Sinaloa aparece ligado a una orden de aprehensión emitida por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, junto con otros nueve acusados investigados por la Fiscalía de Nueva York.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las alertas internacionales ya fueron activadas a petición del gobierno de Estados Unidos. Traducido al lenguaje político real: Washington ya puso nombres, expedientes y alcance global a una investigación que inevitablemente golpea a uno de los estados más marcados por la historia del narcotráfico en México.
Sin embargo, el mensaje del gobierno mexicano dejó una contradicción difícil de ignorar. Mientras se reconoce la existencia de órdenes internacionales de captura, también se admite que no existe vigilancia especial sobre los señalados que continúan en territorio nacional.
“Si ellos llegaran a salir de México, otros países pudieran llegar a detenerlos”, explicó Sheinbaum. La frase dejó una lectura incómoda: los acusados podrían permanecer dentro del país sin una persecución visible, mientras el peso de la presión judicial recae principalmente en autoridades estadounidenses.
El caso revive una constante que lleva años desgastando la credibilidad institucional: la percepción de que las investigaciones más delicadas contra figuras políticas mexicanas avanzan primero fuera del país y después dentro de él.
Porque cada vez que fiscales estadounidenses anuncian cargos contra políticos, empresarios o presuntos operadores criminales mexicanos, surge la misma pregunta: ¿por qué las acusaciones explotan primero en cortes extranjeras y no en tribunales nacionales?
La situación también coloca bajo presión a Morena y al gobierno federal, que durante años han sostenido un discurso de combate a la corrupción y separación entre poder político y crimen organizado. Hoy, el caso Rocha Moya amenaza con convertirse en otro episodio donde las fronteras entre política, poder regional y estructuras criminales vuelven a mezclarse peligrosamente.
Más allá de la ficha roja, el fondo del problema sigue intacto: la fragilidad de las instituciones mexicanas frente a redes criminales capaces de convivir, infiltrarse o crecer cerca del poder político sin ser frenadas a tiempo.
