El abogado postulante Julio Santos Lozano presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) contra las diputadas locales de Morena Nayeli Salvatori Bojalil y Elvia Graciela Palomares Ramírez, a quienes señaló por presuntos actos de discriminación y violencia de género.
La denuncia también incluye a Nadia de la Rosa e Hilda Salvatori Bojalil, de acuerdo con lo informado por el abogado tras acudir ante la autoridad ministerial.
Abogado denuncia ante la FGE a diputadas de Morena por presunta discriminación
Julio Santos Lozano explicó que decidió presentar la denuncia debido a las expresiones y conductas que atribuyó a las legisladoras, al considerar que quienes ocupan cargos públicos deben conducirse de manera institucional y no únicamente con base en intereses políticos.
El abogado, quien se identificó como especialista en derecho civil, penal y constitucional, sostuvo que las personas mayores de 45 años también deben alzar la voz cuando consideran que sus derechos son vulnerados.
“Los mayores de 45 años denunciamos, no podemos quedarnos callados”, señaló al referirse a la decisión de acudir ante la Fiscalía.
Señala que las expresiones fueron públicas y ampliamente difundidas
Santos Lozano afirmó que los hechos denunciados son de conocimiento público debido a que las expresiones de las legisladoras fueron difundidas ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.
Por ello, consideró que la investigación podría avanzar con relativa rapidez, al existir material público relacionado con los hechos que motivaron la denuncia.
El abogado también cuestionó que, desde su perspectiva, no se haya presentado una disculpa pública auténtica por parte de las personas señaladas.
Ahora corresponderá a la Fiscalía General del Estado de Puebla determinar si existen elementos suficientes para iniciar o continuar una investigación por los hechos denunciados y, en su caso, establecer las posibles responsabilidades legales.
Santos Lozano sostuvo que los delitos que considera configurados pueden contemplar sanciones de carácter penal, aunque será la autoridad competente la que determine si las conductas denunciadas encuadran en algún delito y cuáles serían las consecuencias jurídicas.
La presentación de una denuncia no implica que las personas señaladas sean responsables de un delito. La eventual responsabilidad deberá determinarse mediante la investigación correspondiente y conforme al debido proceso.
