A casi tres años del crimen y tras un proceso que exhibe la crudeza de la violencia que persiste en Puebla, una mujer y un hombre fueron sentenciados a 15 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de una persona en el municipio de Huaquechula. La resolución judicial llega tarde para una familia que durante años enfrentó dolor, incertidumbre y la lenta respuesta institucional ante un caso marcado por el intento de borrar toda huella del delito.
Los sentenciados, Maritza N. y Brandon N., fueron encontrados culpables por participar en la desaparición de la víctima y en el ocultamiento del cuerpo, en hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2023 en la junta auxiliar de Cacaloxúchitl.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue privada de la vida dentro del lugar donde trabajaba, un espacio que debía representar seguridad y rutina, pero que terminó convertido en escenario de un crimen brutal. Lejos de buscar ayuda o denunciar lo ocurrido, los responsables optaron por encubrir los hechos.
La investigación ministerial estableció que ambos participaron en la inhumación clandestina del cuerpo dentro del mismo inmueble donde ocurrió el asesinato. La intención fue clara: desaparecer a la víctima, ocultar el crimen y apostar al silencio como estrategia de impunidad.
El hallazgo del cuerpo enterrado en el predio permitió a las autoridades reconstruir los hechos y sostener la acusación. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad alarmante: en Puebla, muchas desapariciones siguen enfrentando retrasos, omisiones y procesos largos que profundizan el sufrimiento de las familias.
Aunque la sentencia representa un paso hacia la justicia, también evidencia que el sistema sigue reaccionando después del daño y no antes. La condena de 15 años no repara la ausencia ni devuelve el tiempo perdido, pero al menos rompe el intento de sepultar la verdad junto con la víctima.
