Un episodio de violencia extrema puso en riesgo la vida de dos mujeres originarias de la Ciudad de México, quienes estuvieron cerca de ser linchadas por pobladores del municipio de Temoaya, Estado de México, tras ser acusadas de presunta contaminación en un manantial.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de Dolores, en la zona conocida como Tres Ojuelos, donde se ubica el manantial de Los Ajolotes, un sitio de alto valor ambiental para los habitantes. De acuerdo con versiones locales, las mujeres ingresaron al lugar acompañadas de un perro, pese a que el acceso con mascotas está restringido.
Pobladores aseguraron haber encontrado residuos del animal y supuesta evidencia de afectación en el área, lo que derivó en su retención por parte del Comité de Protección al Santuario. Posteriormente, ambas fueron trasladadas a la comandancia de policía del Ejido de Dolores, donde permanecían bajo resguardo.
Sin embargo, lejos de encauzarse por la vía institucional, el conflicto escaló. Una multitud irrumpió en la comisaría para sacarlas por la fuerza y agredirlas físicamente, en un acto que evidenció la fragilidad del Estado de derecho frente a la presión colectiva.
La escena, captada en video, muestra cómo la indignación social derivó en violencia directa, impulsada por acusaciones no esclarecidas y una respuesta institucional insuficiente. Aunque elementos de seguridad lograron intervenir y evitar un desenlace fatal, su actuación fue tardía ante una situación que ya había rebasado cualquier control.
Este caso expone una problemática recurrente: la normalización de la justicia por propia mano ante la desconfianza hacia las autoridades. La rapidez con la que una acusación derivó en intento de linchamiento refleja no solo enojo social, sino también la ausencia de mecanismos efectivos de mediación.
Sin sanciones claras hasta ahora, el riesgo persiste: que estos episodios de violencia colectiva dejen de ser excepcionales y se conviertan en una constante.
