El asesinato de Marcelino S. M., campesino de 65 años de edad originario de la comunidad de San Andrés Ahuatelco, en el municipio de Cohuecan, ha generado preocupación entre los habitantes de la región y reavivado el debate sobre las condiciones de seguridad en las zonas rurales de Puebla.
De acuerdo con los reportes oficiales, alrededor de las 15:30 horas del pasado 31 de mayo, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona inconsciente al interior de una vivienda ubicada entre los límites de San Felipe Cuapexco y la calle Zaragoza. Al llegar al sitio, cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Las primeras investigaciones revelaron que Marcelino presentaba múltiples heridas provocadas por un arma punzocortante. Durante las diligencias también fueron localizados indicios relacionados con otro hombre identificado como Carlos C. D., quien presuntamente se encuentra desaparecido, situación que amplía las líneas de investigación y añade incertidumbre sobre lo ocurrido en el inmueble.
Más allá de los detalles del crimen, el caso refleja una problemática que suele permanecer fuera de los grandes reflectores: la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a la violencia. Mientras la atención pública suele concentrarse en las ciudades, localidades agrícolas como San Andrés Ahuatelco enfrentan desafíos relacionados con la falta de vigilancia permanente, recursos limitados para la prevención del delito y una percepción creciente de inseguridad.
La muerte de un campesino no solo representa una tragedia familiar; también impacta a una comunidad donde el trabajo del campo constituye una de las principales actividades económicas. Cada hecho violento afecta el tejido social y genera temor entre quienes diariamente recorren caminos rurales para trabajar y sostener a sus familias.
La Fiscalía General del Estado deberá esclarecer los hechos, determinar si existe relación con la desaparición de Carlos C. D. y llevar ante la justicia a los responsables. Mientras tanto, la población exige respuestas y acciones concretas que permitan recuperar la tranquilidad en una región donde la violencia no debería convertirse en una realidad cotidiana.
