Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, enfrentan una nueva polémica luego de que el diario Los Angeles Times publicara que ambos habrían perdido sus visas estadounidenses y serían objeto de investigaciones penales por parte del gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con el reporte firmado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, la visa de Durazo habría sido retirada desde hace aproximadamente un año, mientras que la de Villarreal también habría sido cancelada en fechas recientes. Pese a ello, ambos gobernadores supuestamente continuarían ingresando a territorio estadounidense mediante un mecanismo especial conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”, una figura que suele ser utilizada en casos específicos autorizados por autoridades federales.
La publicación señala que Alfonso Durazo estaría siendo investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales, mientras que Américo Villarreal enfrentaría indagatorias relacionadas con el contrabando de combustible, delito conocido en México como huachicol. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad estadounidense ha presentado públicamente pruebas, cargos formales o documentos judiciales que respalden dichas versiones.
Aunque los gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazaron las acusaciones y aseguraron que no existe notificación oficial en su contra, el caso ha generado cuestionamientos debido a la gravedad de los señalamientos y a la falta de información clara por parte de las autoridades involucradas.
La controversia también alcanzó al gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la difusión pública de estos casos y pidió conocer la intención detrás de la presunta cancelación de visas a funcionarios mexicanos. No obstante, el episodio vuelve a colocar bajo escrutinio a figuras relevantes de Morena en un momento en que la relación bilateral entre México y Estados Unidos mantiene como prioridad el combate al crimen organizado y al tráfico ilícito de combustibles.
Mientras persistan las versiones encontradas y la ausencia de información oficial verificable, el tema seguirá alimentando el debate político nacional y las exigencias de transparencia sobre posibles investigaciones que involucren a servidores públicos de alto nivel.
