- Vacíos en informes financieros.
La administración de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, enfrenta nuevos cuestionamientos por presunta falta de transparencia, luego de que se diera a conocer que no fueron publicados los resultados de las auditorías correspondientes a los últimos cuatro años de su gestión, a pesar de que su difusión es un requisito establecido a nivel federal.
De acuerdo con una investigación realizada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), se detectó la ausencia de los informes de auditorías practicadas a diversas dependencias estatales desde 2021, información que debería estar disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, al revisar los registros, los resultados simplemente no aparecen.
Además, la información consultada presenta inconsistencias técnicas, ya que en varios apartados las ligas disponibles no conducen a ningún sitio web o redireccionan a páginas inactivas. Un caso destacado es el de la Fiscalía General del Estado de Campeche, donde existen secciones correspondientes a los años 2024 y 2025, aunque ambas se encuentran completamente vacías.
Aunque en algunos rubros de la PNT se incluye la leyenda “no se detectaron irregularidades que dieran lugar a observaciones”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado vacíos en las declaraciones de gasto del presupuesto ejercido durante la administración de Sansores, lo que refuerza las dudas sobre la rendición de cuentas del gobierno estatal.
Este escenario se desarrolla en medio de una crisis interna en Morena en Campeche, marcada por la ruptura entre la gobernadora y un grupo mayoritario de diputados locales de su propio partido. Las diferencias han derivado en un enfrentamiento político que ha afectado la agenda legislativa y la estabilidad institucional en la entidad.
Analistas advierten que la combinación de opacidad financiera, confrontación política y falta de diálogo podría tener repercusiones en la gobernabilidad y en la imagen del partido en el estado, mientras crece la exigencia ciudadana de claridad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
